Dos vallenatos con los proyectos que más inquietan a Colombia
Hace varias semanas la opinión pública vallenata celebraba la designación de varios jóvenes valduparenses en el gabinete de Iván Duque, frente a altos cargos como el de viceministro de Hacienda, encargado a Luis Alberto Rodríguez, y el de ministro de Vivienda, a Jonathan Malagón.
Aunque al principio todo parecía felicidad y orgullo, ambos vallenatos han tenido que asumir las riendas de espinosas discusiones desde cada una de las carteras que dirigen.
El polémico proyecto radicado en días pasados por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ocupa la agenda de discusión de medios de comunicación, mandatarios y ciudadanía en general. Se trata de una iniciativa que, según el Ministerio de Hacienda, obedece a la necesidad de obtener los $14 billones que hacen falta en el presupuesto de 2019 para financiar diversos programas, dentro de los cuales están Familias en Acción, Alimentación Escolar, construcción de infraestructura, créditos del Icetex, inversión en el sector agrícola, los subsidios en los servicios públicos y la reinserción de los antiguos combatientes de la subversión, entre muchos otros.
Pero lo que más ha disgustado a los colombianos es la inclusión de una propuesta que gravaría el 80 % de los productos de la canasta familiar con un IVA de 18 % aumentando el valor de, por ejemplo, una libra de arroz, de $1.900 a $2.242; lo que ha generado rechazo y resistencia entre la ciudadanía. Aunque el viceministro vallenato, Luis Alberto Rodríguez, ha hecho salvedades como que un porcentaje del recaudo les será devueltos a los colombianos de menores ingresos, ha tenido que enfrentar duras críticas y cuestionamientos a la iniciativa.
Para Vargas Lleras, se trata de un “proyecto inequitativo, facilista” que “impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo”, al tiempo que, a través de sus redes sociales manifestó la dificultad que ve en la intención de devolver el impuesto a las clases menos favorecidas. Luis Alberto Rodríguez es economista de la Universidad Nacional, con posgrado en Economía de la Universidad de Toulouse (Francia) y maestría de Política Económica en la Universidad de Columbia (Estados Unidos), sin embargo estos títulos no han sido suficientes para librarse de la papa caliente que es la reforma tributaria cuya defensa le ha merecido, inclusive, que le saquen a relucir su corta edad y supuesta inexperiencia para asumir el cargo.
“La Nueva Política de Vivienda”
El otro tema neurálgico, y que también está en manos de un alto funcionario vallenato es el proyecto de ley de vivienda y hábitat, radicado este viernes por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.
El proyecto radicado ante la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado tiene el objetivo de “profundizar el acceso de los hogares de menores ingresos a los subsidios y créditos de vivienda”, según explicó el Ministerio a través de un comunicado oficial.
Si se aprueba, el gobierno del presidente Iván Duque ayudará a las familias colombianas para acceder a créditos de financiación de vivienda por medio de la simplificación de los parámetros e instrumentos bancarios.
“Si nosotros logramos digitalizar y simplificar todos los trámites del constructor, el costo de la vivienda en Colombia puede caer por lo menos 10 %. Tendríamos viviendas más competitivas y más acceso”, indicó Malagón.
De acuerdo con lo expresado por el ministro Malagón, “en Colombia la cartera hipotecaria, que refleja las posibilidades de acceso de los hogares a créditos de vivienda, es de las más bajas de América Latina, ubicándose en un 6,4 % frente al 10 % de los países vecinos”, por lo que propone medidas que obliguen al Gobierno a implementar políticas de entrega de subsidios a la tasa de interés de los créditos hipotecarios para beneficiar a las familias de más bajos ingresos.
El Gobierno también tendría que reglamentar el leasing con opción de compra y crear “incentivos para que este tipo de operaciones puedan ser otorgadas por las entidades autorizadas por el 100 % del valor comercial del inmueble”, aseguró el vallenato.
Además, establecería la hipoteca inversa para permitir que los adultos mayores accedan a créditos hipotecarios y que los bancos tengan garantía de pago una vez fallecidos los mismos, mecanismo que también tendría que reglamentar el Gobierno.
Por otro lado, se modificarían los plazos para los pagos en créditos de vivienda ya que el proyecto de ley señala que “el Gobierno Nacional fijará el plazo y los montos máximos para la amortización de los créditos de vivienda, respetando criterios de estabilidad financiera. El plazo mínimo no podrá ser inferior a 5 años. Las entidades financieras definirán individualmente los plazos de las operaciones de financiación de vivienda dentro de los plazos definidos por el Gobierno Nacional”.
FUENTE: EL PILÓN
