Gobierno garantiza que no habrá decreto que limite a medios
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, le dijo este jueves a EL TIEMPO que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no va a expedir un polémico decreto que, según las asociaciones de medios de comunicación, podría terminar limitando la libertad de prensa en el país.
Hace dos días, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior notificó a la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) de un proyecto de decreto que supuestamente sería expedido la próxima semana bajo el rótulo de ‘Política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión’. El mensaje que recibieron estas organizaciones era que tenían hasta el próximo lunes para presentar observaciones.
Rivera aseguró que no conocía el documento, que este fue socializado sin un autorización y que, en todo caso, ni él ni el gobierno Santos darían pasos “para limitar la libertad de prensa en forma alguna”.
La noche de este jueves, a través de un trino, ratificó la decisión: “Borrador de decreto que crea una política de libertad de expresión que se redactó sin que yo autorizara sus contenidos no será expedido”, dijo el Mininterior en su cuenta de Twitter.
Werner Zitzmann, director de la AMI, se declaró sorprendido: “Llegaron a último momento a nosotros con este asunto, y son los medios los primeros con los que se debe discutir un tema tan amplio; no nos dan opción distinta a circularlo entre los directores de medios y si es así, es un error estratégico”, señaló.
Aunque dijo que la Asociación va a estudiar el asunto, Zitzmann advirtió que “no hubo socialización ni una mesa de discusión”. De la misma manera, alertó por la intención del Estado de establecer, por ejemplo, mecanismos “para verificar si los medios están cumpliendo con la política pública”: “La única política pública en materia de libertad de expresión a cargo del Estado debe ser la de garantizarla”, aseguró.
Según Zitzmann, “el país ya tiene unas regulaciones en la Constitución Nacional, en las leyes y en la jurisprudencia de las cortes en las que están claramente establecidos los mecanismos para las rectificaciones, los derechos de réplica y la tutela”. También, las normas penales que regulan los procesos por calumnia e injuria. “No necesitamos otras regulaciones de ningún estilo. No somos partidarios de este tipo de iniciativas y nos oponemos siempre a lo que pueda restringir las garantías constitucionales”, señaló el director de la Asociación de Medios de Información (antigua Andiarios).
Por su lado, Pedro Vaca, director de la Flip, consideró “peligroso” que sin convocar a los actores interesados (los medios), el Gobierno hubiera avanzado en una iniciativa que, afirmó, se ha movido en despachos oficiales en los últimos cinco años y por la que se habrían pagado además millonarias asesorías. “La propuesta incluye temas que deberían considerarse, como la mayor transparencia en la pauta del Estado, pero le ha faltado discusión pública y con los directamente involucrados en el asunto, que son los periodistas y los medios”, dijo.
La iniciativa incluye artículos que generarán debate. Uno de ellos, por ejemplo, busca la “prevención de concentración de medios de comunicación en aras del pluralismo y la diversidad de medios”. Así, establece que “el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Televisión y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el apoyo del Ministerio del Interior, realizarán mesas de trabajo dirigidas a analizar las causas, tendencias y consecuencias de la concentración de medios de comunicación y proponer algunas estrategias preventivas en la materia”.
También plantea que la Fiscalía evalúe “la viabilidad de presentar una iniciativa para establecer la rectificación como requisito de procedibilidad en el Código de Procedimiento Penal”, iniciativa que podría afectar, según la AMI, la misión de informar.
Qué hay en la propuesta
La iniciativa busca al parecer favorecer el ejercicio de la libertad de prensa y, según el documento, fue socializada “de manera democrática y participativa” con el gremio de medios, afirmación que la AMI pone en duda.
El documento habla de facilitar el acceso a la información pública (ya está reglado el derecho de petición en el artículo 23 de la Constitución) y de “fortalecer la adopción, apropiación e implementación del enfoque diferencial en el ejercicio de la actividad periodística”.
Fuente: El Tiempo
